Presunto asesino REVELA nuevas pistas sobre el caso Adriana Pinzón: no habría actuado solo

Jhonatan Torres Campos es el principal sospechoso del asesinato de cuñada Adriana Pinzón y en medio de todo el proceso que la autoridad está llevando a cabo, han surgido nuevos detalles que podrían esclarecer el crimen.

Las fiscalía ha recaudado más pruebas condenan al Torres Campos en el asesinato de su cuñada, hermana de su esposa, una psicóloga cuya muerte generó conmoción en Cundinamarca cuando se dio a conocer el hecho el pasado 7 de junio.

El principal sospecho aceptó firmar un acuerdo con el ente acusador en el que acepta su culpa, pero también entregaría a otros involucrados, lo que quiere decir que no actuó solo en el homicidio y desaparición de la mujer.

“Abundante material de prueba y evidencia física dan cuenta de que Torres Campos habría sido la última persona que vio a la víctima con vida. Asimismo, permitieron detectar las contradicciones en las que, supuestamente, incurrió para evitar que los investigadores lo descubrieran y ubicaran el cuerpo de su cuñada”.

Esto es lo que sostiene el ente investigador sobre un crimen cuyo objetivo habría sido el saldar con dinero sus deudas personales. Según el abogado del presunto asesino, Jimmy Pepinosa, Torres y compañía buscaban hurtar un dinero que había ahorrado Pinzón en sus cuentas bancarias.

La Fiscalía, en su afán de esclarecer el móvil determinó que todo habría sido por motivos económicos. “Estarían relacionados con el afán que tendría Torres Campos por cubrir varias deudas”, los señalados tenían conocimiento de un seguro de vida que recientemente había adquirido Pinzón, por lo que decidieron actuar para cobrarlo.

El abogado mencionó a una tercera persona que estaría involucrada, aquella que habría confeccionado el crimen y la desaparición de la psicóloga, cuyo cuerpo fue encontrado pasado 23 de junio, en una zanja ubicada a un costado de una vía de la vereda Río Frío, en Zipaquirá, envuelta en cuatro bolsas negras y con heridas de un arma punzocortante.

Torres enfrentaría una  pena de 28 años de prisión luego del preacuerdo alcanzado con la autoridad, una multa de 600 salarios mínimos legales vigentes y quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos.

AG