Contraloría da aviso que 10 millones de colombianos podrían quedarse sin energía

Desde la Contraloría General han afirmado que es posible que existe un riesgo de racionamiento e incluso, de cortes en la energía en las regiones de  Costa Caribe, en Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada). El contralor, representante de la institución, Carlos Hernán Rodriguez Becerra, ha afirmado que estas posibles restricciones afectarían a alrededor de 10 millones de personas.
Las causas de este problema se deben al retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio de energía por parte del Ministerio de Mina; a los ingresos no recaudados por la Opción Tarifaria, y al incumplimiento de los operadores de red con el mercado mayorista.
Es por esto que desde la contraloría han instigado al gobierno nacional y a las dependencias del estado involucradas, a resolver esta situación de manera urgente “como garantes de satisfacer las necesidades más esenciales de la población, a tomar las acciones que consideren idóneas para prevenir la afectación en la prestación del servicio de energía eléctrica a las comunidades indicadas y evitar el riesgo sistémico” afirmó Rodriguez.

Problemas de pago

Desde la contraloría detallaron algunos de los inconvenientes y atrasos que se han constatado y que potencialmente pueden generar un corte generalizado del servicio eléctrico. Estos son la falta de reembolsos, por parte del gobierno nacional y las tarifas congeladas desde la pandemia.

Otra de las causales apunta al incumplimiento de las obligaciones por parte de los operadores de red para con el mercado mayorista “lo que repercute en posibles limitaciones en el suministro por parte de los generadores a los prestadores del servicio u operadores de red, especialmente a las empresas de la Costa Caribe” afirmaron desde la contraloría.
Desde el organismo de control, ofrecen algunas soluciones como mecanismos que permitan mayor eficiencia al momento de realizar los giros de subsidios necesarios. Además de agilizar los pagos puntuales de las viviendas y de varias entidades públicas, municipales o departamentales.

Esta situación y las graves consecuencias de un apagón generalizado podría afectar la actividad económica, la prestación de salud o educación. Es por esto que la contraloría ya ha afirmado que llevará a cabo las investigaciones necesarias y tomará las medidas disciplinarias que correspondan para con los responsables.