Atención vecinos
Se confirmó la costosa multa que deberán abonar los colombianos que no respeten ruidosa norma
Los colombianos ruidosos tendrán que afrontar sanciones de hasta $ 1.000 millones si incomodan a sus vecinos.
Colombia, bajo medida del Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro, oficializó esta semana la sanción de la Ley del Ruido, aprobada por el Congreso de la República en diciembre de 2024. La misma se trata de una normativa que tiene como principal intención la de regular los efectos de la contaminación acústica, especialmente en aquellas zonas residenciales del territorio nacional, donde los niveles de ruido pueden afectar la calidad de vida de todos los ciudadanos.
Dicho documento establece la creación de una política pública para que las autoridades en toda Colombia regule los niveles sonoros en espacios privados, evitando que afecten a los ciudadanos en su entorno. A su vez, incorpora iniciativas pedagógicas para sensibilizar a la población sobre la importancia de reducir el ruido y prevenir sanciones económicas. Por otra parte, la norma estipula que los municipios con más de 100.000 habitantes tendrán que implementar planes de control del ruido, identificando las zonas más afectadas y aplicando a su vez medidas correctivas.
¿De cuánto es la sanción por incumplir con esta nueva ley del ruido?
El incumplimiento de la norma conllevará multas para quienes generen ruidos excesivos. De acuerdo con el Código Nacional de Policía, en zonas residenciales, el límite permitido es de 65 decibeles durante el día y 55 decibeles en la noche.
Por lo tanto, las multas establecidas en el documento van desde dos salarios mínimos mensuales legales vigentes (2’847.000 pesos) hasta 800 SMMLV (más de 1.000 millones de pesos).
En ese sentido, las autoridades estarán facultadas para garantizar el cumplimiento de la ley, otorgando mayores atribuciones a la Policía para sancionar a quienes infrinjan las disposiciones establecidas. Hay que decir que la ley no es restringir reuniones comunitarias ni celebraciones vecinales, sino evitar que las acciones individuales alteren la tranquilidad de los barrios. De esta forma, el Gobierno Nacional quiere equilibrar el derecho al esparcimiento con la necesidad de preservar la convivencia y el orden en los espacios urbanos.
