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Criminal es condenado en El Salvador a más de mil años de prisión
Continúa la guerra entre las pandillas y el gobiernoLa guerra entre las pandillas y el gobierno de El Salvador, encabezado por el presidente Nayib Bukele, ha decidido dar un nuevo ejemplo de la mano firme que tendrá con los pandilleros, ya que un cabecilla de la Mara Salvatrucha ha sido condenado a un total de mil 90 años en prisión.
La Fiscalía General de la República ha dictado como responsable de 24 casos de homicidio agravado a César Alfredo Romero Chávez, líder de la MS-13, esto después de que se encontraran los cuerpos de las víctimas enterrados en cementerios clandestinos.
Estos crímenes se dieron entre el 2016 y el 2019; dentro de las víctimas de Romero se encontraban el hijo de un periodista de El Salvador y dos policías.
Con todo y los mil 90 años de condena, el Código Penal de El Salvador tiene establecido que la pena máxima de permanencia dentro de prisión es no mayor a 60 años, aunque en tiempos recientes se busca endurecer las condenas para los miembros de este tipo de grupos delictivos.
La guerra de Bukele en contra de grupos como los MS-13 Y Barrio 18 es clara y las estadísticas lo prueban así. Antes de que el gobierno se embarcara en la causa, 16 mil de estos miembros se encontraban tras las rejas, pero con los últimos tres meses de detenciones son ahora 59 mil 86 los presos, es decir, un 84 por ciento de los 70 mil miembros que hay en todo El Salvador.
“Esto no va a quedar así y van a pagar caro por el asesinato de estos tres héroes. Los pandilleros son tontos, porque no vamos a retroceder. Vamos a arreciar esta guerra contra las pandillas. Ahora van a ver, de verdad, lo que significa desatar esta fuerza de seguridad”, expresó el mandatario después de la muerte de tres miembros de la policía, razón por la que habría estallado esta guerra.
En respuesta a los 87 asesinatos que se presentaron en marzo, el gobierno de El Salvador ha detenido desde entonces a 43 mil 86 miembros de pandillas. En este régimen, prolongado hasta finales de julio, permite las detenciones sin necesidad de una orden judicial.
JAP