¿Por qué hay una crisis diplomática entre Colombia y Guatemala? Claves para entender el conflicto
El Gobierno Nacional ha llamado a consultas con su embajadora en el país centroamericano para esclarecer la situación.
El pasado jueves, en Guatemala, emprendieron “acciones legales” que podrían derivar en una posible orden de captura en contra del actual ministro de Defensa, Iván Velásquez por un presunto caso de corrupción ligado a Oberdrecht en Centroamérica, una situación que fue rechazada por el Presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Esto llevó a que la cancillería consultara a la embajadora en Guatemala, Victoria González Ariza, en tanto que el mandatario colombiano aseguró que su Gobierno no permitirá que su Ministro de Defensa se vea envuelto en el embrollo.
Velásquez fue durante años comisionado de la Comisión Internacional contra la impunidad (Cicig) en Guatemala, organismo que nació gracias la conjunción del Gobierno y la Organización de Naciones Unidas para investigar casos de corrupción.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala relacionó a Velásquez con tres ex directivos de Odebrecht con quienes presuntamente avaló acuerdos ilegales, situación por la que buscan que responda ante la justicia el Ministro de Defensa.
Antes las acusaciones, Velásquez emitió un comunicado este lunes en el que asegura que no ha sido notificado de algún requerimiento por parte de las autoridades del país centroamericano y a la vez, defendió su labor cuando fungió como comisionado.
"Tengo la tranquilidad de que el trabajo adelantado en el país centroamericano se realizó con total transparencia y dentro del marco legal que amparaba el funcionamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala".
Sobre este mismo caso, no sólo Velásquez, sino otros funcionarios de la Cicig, así como la ex fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana cuentan con una orden de captura, tal como lo dio a conocer el Rafael Curruchiche, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala.
La Cicig ha develado casos de corrupción en Guatemala que involucraron a cuatro ex presidentes del país, una de las últimas investigaciones señala al ex presidente Jimmy Morales, quien es acusado por financiamiento electoral ilícito.
En 10 años de operación, al Cicig ha sacado a la luz importantes casos de impunidad en Guatemala, pero desde 2017, padeció los ataques del Gobierno que en ese momento era encabezado por Morales. El mandatario centroamericano cargó contra el trabajo de Velásquez y lo declaró como persona no grata por lo que solicitó su expulsión del país, decisión que fue revertida por la Corte de Constitucionalidad ante la petición del Presidente hecha en 2017.
AG