Toma aire antes de conocer a cuánto asciende la Multa D12 para conductores de Uber, Cabify y otras plataformas en Colombia

Las aplicaciones de servicio de transporte como Uber, Cabify y otras plataformas se han convertido en una alternativa popular para los usuarios que buscan desplazamientos rápidos y accesibles en las grandes ciudades.

Sin embargo, su operación ha abierto la puerta al debate, pues ha generado controversias sobre la regulación del sector, la seguridad de los pasajeros y el impacto que tienen en el transporte público tradicional. Bajo este escenario, las normas se han vuelto más estrictas, dando origen a la multa D12, que muchos trabajadores de estas aplicaciones deben conocer.

¿A cuánto asciende la Multa D12?

El Código Nacional de Tránsito establece que la multa D12 sanciona a los conductores que prestan sus servicios sin estar autorizados. Esto quiere decir que la infracción está dirigida a aquellos que utilizan su vehículo particular para trasladar pasajeros sin contar con el permiso correspondiente.

Las consecuencias por infringir la normativa pueden ser significativas, pues no solo conlleva una multa económica, además el vehículo requerido en esta actividad puede ser inmovilizado. La Secretaría de Movilidad de Bogotá indica que la sanción puede llegar a los 30 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), penalización que puede incrementarse si el infractor es reincidente.

En ese sentido, si el conductor es descubierto prestando un servicio sin la habilitación necesaria, el vehículo será inmovilizado cinco días si se trata de la primera multa. En caso de ser sorprendido por segunda ocasión la sanción es por veinte días, y si reincide por tercera vez, son hasta cuarenta días.

Bajo estas condiciones, los conductores que se dedican a prestar servicios de transporte a través de aplicaciones se enfrentan a la incertidumbre y al riesgo de castigos, en especial por las regulaciones que podrían intensificarse en los próximos años.

De esta manera, las personas que se dedican a este mercado pueden verse obligadas a buscar alternativas para regularizar su situación o en todo caso reconsiderar su labor debido a las presiones que representa la sanción económica y la amenaza de perder el vehículo, que para muchos es su principal fuente de ingresos.

AG