Toma asiento antes de conocer cuánto cuesta la multa por utilizar aplicaciones de transporte no reguladas en Colombia

Los usuarios de aplicaciones de transporte no reguladas en Colombia están sujetos a una multa que, de acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, para este 2025 ha tenido un incremento cercano al salario mínimo que se decretó el pasado 24 de diciembre.

Cabe mencionar que el aumento de estas sanciones, además de afectar a los usuarios de servicios como Uber o Didi, no reconocidos por la legislación colombiana, también impacta de manera generalizada a otras multas de tránsito en el país. Este ajuste responde al incremento del salario mínimo en Colombia para el año en curso, el cual quedó establecido en 1.423.500 pesos.

Esta es la multa por utilizar aplicaciones de transporte no reguladas

Para el 2025, la multa por el uso de aplicaciones de transporte no autorizadas registró un aumento al pasar de 1.299.000 a 1.423.000, lo que representa una subida del 9,53%. Esta se aplica a los conductores que ofrecen sus servicios a través de estas plataformas ya que están incurriendo en la infracción D12 del Código Nacional de Transito la cual impone una penalización por conducir un vehículo sin la autorización adecuada o para un uso distinto al indicado en la licencia de tránsito.

Cabe señalar que además de la sanción económica, el vehículo de los infractores será inmovilizado inicialmente durante cinco días en los patíos designados por las autoridades. Si hay reincidencia, la retención del automotor podría llegar hasta los 20 días.

A pesar de que en 2024 se realizaron mesas de trabajo para definir las regulaciones de las aplicaciones de transporte en Colombia, no se lograron establecer los lineamientos para su operación, un panorama que si bien genera incertidumbre entre conductores y usuarios, siguen haciendo uso de estas plataformas aun cuando no están autorizadas.

Aunque se han establecido diversas iniciativas sobre el uso de estas aplicaciones, las partes involucradas no han podido llegar a un consenso, por lo que las autoridades están facultadas para tomar las medidas pertinentes en el marco de la normativa vigente.

AG