Economía
Esta es la contundente decisión del gobierno que dejaría a 900.000 trabajadores colombianos sin empleo
Son varias las entidades más afectadas por los recortes que planea el Gobierno.
El Gobierno Nacional de Colombia tiene a los trabajadores del país sumidos en incertidumbre tras el anuncio del plan de austeridad que ocasionaría recortes significativos en diversas áreas, siendo las más afectadas los contratos de prestación de servicio. Se trata de una medida que está contenida en un borrador de decreto del Ministerio de Hacienda, y que busca hacer frente a la crisis fiscal.
La intención del documento no es otra cosa sino la de reducir el gasto público en 12 billones de pesos. Para ello, las entidades del Estado deberán ejecutar un plan de reducción de gastos correspondiente a los contratos de prestación de servicios durante la vigencia 2025. En ese sentido, solo se permitirán aquellos contratos de trabajadores estrictamente necesarios para el cumplimiento de las funciones institucionales.
¿A quiénes afectarán esta medida del Gobierno Nacional?
La medida sobre el plan de austeridad afectaría directamente a cerca de 900.000 trabajadores que se desempeñan bajo modalidad contractual en diferentes entidades del Estado, como la Agencia Nacional de Tierras, el ICBF, el ICA y el Ministerio de Salud. Quizás el que más se resienta de todos sea el sector de la salud, ya que el 81% de los trabajadores de clínicas y hospitales están vinculados bajo esta modalidad.
El ranking de entidades con más contratos por prestación de servicios
- Agencia Nacional de Tierras: 14.200 contratos
- ICBF: 10.810
- ICA: 6.900
- Superintendencia de Industria y Comercio: 4.283
- Ministerio de Salud: 3.332
Por lo pronto, se espera que en los próximos días el Gobierno brinde mayores detalles sobre el plan de austeridad y las medidas que se implementarán para mitigar el impacto social de estos recortes. Recordemos que la precariedad laboral y la inestabilidad son las principales preocupaciones de todos los trabajadores de Colombia, ya que la hipotética eliminación de estos empleos produciría un aumento del desempleo y afectaría también la prestación de servicios público.
