Facturación
La excelente noticia para los colombianos que olvidan pagar la factura de los servicios públicos
El Congreso analiza una reforma que promete mejorar el acceso y el pago de los servicios públicos. La factura tendrá nuevas condiciones para proteger al usuario.
Olvidar pagar a tiempo los servicios públicos podría dejar de ser un problema para muchos colombianos. Un nuevo proyecto de ley busca transformar la manera en que se facturan y cobran servicios como el agua, la luz y el gas. Esta reforma apunta a garantizar mayor equidad, claridad y protección para todos los usuarios del país.
Cambios en la factura de servicios públicos
Uno de los ejes principales de esta iniciativa es modificar los tiempos de entrega y pago de la factura. Si se aprueba la reforma, las empresas de servicios públicos deberán entregar las facturas al menos con 15 días de anticipación a la fecha límite de pago. Además, será obligatorio establecer un margen de 10 días entre la fecha de vencimiento y una eventual suspensión del servicio, evitando cortes injustificados.
Esto beneficiaría especialmente a quienes suelen olvidar pagar a tiempo o no reciben oportunamente su factura. El objetivo es ofrecer condiciones más justas y accesibles para todos los hogares, reduciendo los conflictos entre empresas y usuarios.
Facturación más transparente y justa
La reforma también exige que la facturación se base en lecturas reales del consumo. Las estimaciones arbitrarias quedarían prohibidas, y en caso de encontrar inconsistencias, las empresas deberán investigar antes de cobrar. Si no se justifica el consumo, el cálculo se ajustará al promedio del último año o con una medición alternativa.
Otro punto importante es la prohibición de cobrar servicios no prestados o tarifas no acordadas, así como el cobro indebido por reconexión. Estos cambios buscan proteger al usuario frente a abusos o errores por parte de las empresas proveedoras.
Equidad y nuevos subsidios según altitud
El proyecto también propone un esquema más equitativo en los subsidios a la energía, ajustando el consumo mínimo subsidiado según la altitud del hogar. Las zonas más cálidas, por ejemplo, podrían recibir hasta 230 kWh mensuales con subsidio, mientras que en zonas más altas el rango se ajustaría.
Esto representa un alivio para hogares vulnerables, que verían una mejora progresiva en el acceso a subsidios. Además, se establece que las fórmulas tarifarias tengan una vigencia de cinco años, con posibilidad de revisión en casos excepcionales. De ser aprobada, esta reforma modernizaría el marco legal vigente desde 1994, haciendo los servicios públicos más eficientes, equitativos y fáciles de pagar.
