Se confirmó el plan del Gobierno para acabar con contratos temporales en las universidades públicas de Colombia

El Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Educación y con el respaldo del Ministerio de Trabajo, expidió el decreto 0391 del 1 de abril de 2025, el cual obliga a todas las instituciones de educación superior públicas a implementar un Plan de Formalización Laboral. Se trata de una medida que busca, de manera progresiva, a que tanto docentes como personal administrativo cuenten con contrato de planta y dejen atrás la temporalidad. 

El objetivo de la medida es el de garantizar condiciones laborales que sean dignas, estables y justas, para permitir así que los trabajadores de universidades accedan a beneficios propios del empleo público. En cuanto a los docentes, se les aplicará las disposiciones del decreto 1279 de 2002, el cual contempla ascensos, bonificaciones y primas. 

¿Cuáles son los alcances de la medida? 

Por parte del ministro de Educación, Daniel Rojas, no se puede hablar de calidad educativa sin afectar la dignidad laboral. De acuerdo a lo que explicó, se trata de una medida que da respuesta a compromisos adquiridos en 2018 tras el paro estudiantil y profesoral. En ella, cada institución deberá planificar su planta de personal para tener un enfoque en justicia laboral, respetando así su autonomía, pero con metas claras, como, por ejemplo: 

1. Tener al menos un 40 % del plan ejecutado para diciembre de 2026 
2. Tener un 80 % para finales de 2027. 
3. Los sindicatos deben participar en el proceso. 
4. El ingreso a la carrera se hará mediante concurso de méritos. 

Sin embargo, es conveniente saber que dicho decreto no contempla las nuevas fuentes de financiación y que el coste de las nuevas contrataciones tendrá que asumirse con recursos ya existentes o generados por las mismas universidades, hecho que ha generado preocupación en el ambiente universitario y en el posible impacto fiscal de la medida. Recordemos que en la actualidad, por cada docente de planta existen tres contratados a término fijo y casi 9.000 catedráticos. Formalizarlos implicaría una inversión significativa. Por ejemplo, instituciones como la Universidad de Antioquia, que enfrenta una grave crisis financiera, podrían tener dificultades para asumir este gasto adicional. 

Por último, hay que decir que el Observatorio de la Universidad Colombiana advierte que, en el contexto fiscal actual, el hecho de cumplir esta meta será difícil sin apoyo adicional del Gobierno Nacional y de entes territoriales. A pesar de ello, buena parte del sector ve con buenos ojos la iniciativa y espera que venga acompañada de más recursos que garanticen su viabilidad.