La costosa multa que deberá pagar en Bogotá si manipula el contador de agua
El precio por incurrir en esta práctica sería mayor que el ahorro obtenido al cometer dicha falta.
Alterar los contadores de agua en Bogotá es una práctica que muchos siguen cometiendo, ya que consideran que al hacerlo podrían ahorrar considerablemente en el precio de la factura. Sin embargo, esta conducta es ilegal y no solo puede resultar en una multa para el infractor, sino también en otras consecuencias de orden judicial y hasta en afectaciones en el servicio.
Cabe mencionar que esta acción se presenta mayormente en el sector comercial; no obstante, en los hogares también es recurrente. Entre las implicaciones, además de ser un delito, está el impacto negativo en el funcionamiento óptimo del sistema de acueducto y la sostenibilidad del recurso vital en la capital.
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Esta es la costosa multa por manipular el contador de agua en Bogotá
El artículo 28 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana señala que alterar, cambiar o modificar las conexiones de servicios públicos constituye una falta sujeta a sanción. Por ello, corresponde una multa general tipo 3, que equivale a 8 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), los cuales en 2025 suman $379.600,00.
Además, el ciudadano que haya realizado esta práctica ilegal deberá asumir los daños ocasionados a la infraestructura, ya que la ley establece que dichos comportamientos pueden afectar la seguridad de otras personas, así como los bienes, por lo que están penados.
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Manipular un medidor de agua tiene como finalidad hacer que el dispositivo marque un consumo inferior al real. Para ello, los infractores realizan ajustes con imanes o conexiones ilegales, lo cual constituye un fraude no solo contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, sino que también trae consecuencias para otras personas.
Más allá de las pérdidas económicas, la alteración da origen a errores en la factura, pues no se registra una medición genuina, conducta que puede derivar en un proceso judicial por robo de servicios públicos. En situaciones más graves, el acto puede ser catalogado como una falta de índole penal.
AG